El gobierno de Colombia debe garantizar la vida de los líderes y lideresas sociales, activistas y defensor@s del medio ambiente y de los derechos humanos

Fotografia tomada de France24

El gobierno de Colombia y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) llegaron a un acuerdo en el año 2016 para poner fin al conflicto armado de 52 años. El acuerdo de paz fue bien recibido en todo el mundo. Colombia estaba llena de optimismo y todas las fuerzas democráticas pensaron que ahora era posible desarrollar una sociedad donde prevalecieran la paz y la justicia social.

Colombia es un país donde nacieron luchador@s por la libertad y contra el colonialismo español como Policarpa Salavarrieta. También es el país donde Gabriel García Márquez, premio Nobel de literatura, creció y con palabras pintó la compleja realidad de este país.

Colombia es también el país con las mayores desigualdades sociales en toda América Latina. Según el Banco Mundial, el 0.06% de los propietarios posee el 53.5% de la tierra. Fue precisamente esta exclusión de grandes grupos en la sociedad lo que creó las condiciones para el conflicto militar de 50 años. Colombia es también un país donde asesinan a activistas y defensores del medio ambiente, del movimiento sindical y de derechos humanos que luchan por los derechos sociales. Según un informe de ”Indepaz”, una organización de Colombia que trabaja en temas de derechos humanos, 566 líderes y lideresas sociales y defensor@s de derechos humanos fueron asesinados entre enero de 2016 y el 10 de enero de 2019, y el número aumenta cada semana. Repito: ¡566 líderes y lideresas sociales!

Un informe de la ONU corrobora también que, desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, se han verificado 163 asesinatos de líderes y lideresas sociales y defensor@s de los derechos humanos.

La situación del acuerdo de paz es preocupante. El nuevo presidente electo en agosto de 2018, Iván Duque, ha hecho todo lo posible por sabotear la implementación del acuerdo de paz firmado por el estado colombiano. A pesar de los llamamientos de las Naciones Unidas y los gobiernos de Alemania, Suecia, Noruega y Cuba (los dos últimos son los garantes del acuerdo), el presidente Duque se negó a firmar la ley que crea el marco para regular como la ”Jurisdicción Especial para la Paz” (JEP) debería funcionar. Esta es una parte increíblemente importante del acuerdo de paz que puede garantizar que las víctimas de la guerra obtengan reparación, garantía de no repetición y que sean puestas en primer lugar.

Algunas organizaciones de refugiad@s colombian@s han tomado la iniciativa de organizar una marcha desde París (Francia) hasta La Haya (Holanda), donde la Corte Penal Internacional tiene su sede, entre el 29 de marzo y el 5 de abril. La marcha se lleva a cabo para denunciar ante la comunidad internacional la situación con los asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas sociales, defensor@s de los derechos humanos y del medio ambiente y la crítica situación de los derechos humanos en Colombia, pero también para pedir que la Corte Penal Internacional actúe en Colombia. Hay grandes riesgos para el regreso de la guerra.

La comunidad internacional no puede ignorar esta realidad que afecta a Colombia. Nuestro partido, Iniciativa feminista (Fi) expresa su apoyo a esta marcha y a sus demandas. Instamos al gobierno sueco a utilizar todos los medios diplomáticos y políticos posibles para que presione directamente y por conducto de la Unión Europea al gobierno colombiano, a fin de que inicie las medidas prácticas para proteger la vida de todos los líderes y lideresas sociales que han sido amenazad@s, a fin de respetar el acuerdo de paz y los compromisos adquiridos por el estado colombiano.

Los derechos humanos, la democracia y la paz merecen una oportunidad en Colombia.

Jaime Gómez, portavoz de política exterior y candidato al Parlamento europeo por Iniciativa Feminista (Fi)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *